En Taltal a 25° latitud sur, la ley se vuelve elástica: se dobla bajo el peso de una cadena y un candado. El sector de la Piedra del Sombrero, en Taltal, dejó de sentirse como un bien nacional de uso público. Hoy funciona como un feudo. Con una señal de “concesión” que nadie fiscaliza, el libre tránsito —ese derecho que el Estado promete— queda, en la práctica, bloqueado por un interés privado.
No es un problema menor ni un conflicto entre vecinos. Es una falla de soberanía en terreno. Mientras Bienes Nacionales y la Capitania de Puerto administran normas desde la oficina, la realidad la define quien tiene la llave. Sin fiscalización efectiva, cualquier sistema se degrada. Y aquí ya lo hizo.
Tampoco es un caso aislado. Es parte de una geografía del privilegio donde la distancia juega en contra. Basta hacerse una pregunta incómoda: ¿pasaría lo mismo en playas como Zapallar o Cachagua sin una reacción inmediata? Difícil creerlo.
En el norte, la mezcla de riqueza minera y paisaje vacío ha instalado una idea peligrosa: que aquí “no hay nadie”. Esa narrativa permite que lo público se diluya sin ruido, que el acceso al mar se negocie como si fuera opcional. La administración central mira el territorio para sumar cifras, pero no para garantizar derechos básicos como el libre acceso a la costa.
Cuando las autoridades no fiscalizan, no solo fallan en un trámite. Permiten que el territorio se fragmente y que los derechos dependan de quién controla una reja. Así, Chile deja de ser un espacio común y empieza a parecerse a un mapa de accesos condicionados, donde el mar está a la vista… pero no siempre al alcance.
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