¿Qué hacemos con los muertos?

Hay una manera cómoda de recordar la Tragedia de Antuco: como un caso judicial. Responsables identificados, condenas dictadas, caso cerrado. La sociedad procesó el duelo y siguió adelante.

Pero esa versión deja fuera la pregunta más incisiva. No quién falló, sino por qué fallamos siempre de maneras tan parecidas.

Muchas de las víctimas de Antuco venían de contextos con pocas opciones. El servicio militar no era una vocación; era una oportunidad concreta en un mapa estrecho. Jóvenes con equipamiento insuficiente para las condiciones reales, en una marcha que continuó cuando había razones de sobra para detenerla. No murieron por mala suerte. Murieron en una convergencia de negligencias que nadie detuvo.

Eso es lo primero que hay que sostener, antes de cualquier análisis.

Porque la pregunta no es retórica. Es literal. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los ponemos en una placa? ¿Los nombramos en mayo? ¿Los usamos para hablar de responsabilidad institucional y después seguimos igual?

La respuesta, hasta ahora, ha sido bastante predecible. Personalizamos el error — encontramos responsables, los condenamos, y el sistema que produjo las condiciones queda más o menos intacto. Ritualizamos el recuerdo — actos, discursos, memoria simbólica que no es lo mismo que memoria operativa. Y normalizamos de nuevo — con el tiempo, lo excepcional vuelve a parecer improbable, y las prácticas riesgosas regresan en silencio, sin que nadie declare que regresaron.

Es un patrón documentado. La distancia temporal erosiona la urgencia. Siempre.

Y cuando una tragedia golpea a quienes tienen menos poder estructural, el impulso reformador tiende a ser más corto y más débil. No es accidente. Es una asimetría persistente en cómo las sociedades distribuyen el costo humano según quién lo paga.

Antuco no fue una falla táctica en condiciones extremas. Fue la expresión de algo que aparece con distintos nombres en empresas, servicios públicos, minería, salud: obediencia que no sabe detenerse, riesgo subestimado, precariedad tolerada como normalidad. El mecanismo es el mismo. Cambia el uniforme.

Lagos habló de "ser mejores ciudadanos". Honesto, pero abstracto. La mejora no ocurre por declaración. Ocurre cuando se rediseñan los protocolos, los incentivos, la cultura que determina si alguien puede decir esto no está bien sin que le cueste el rango. Sin eso, la memoria es homenaje. No transformación.

Si el aprendizaje hubiera sido real, veríamos instituciones más capaces de detenerse a tiempo. Una intolerancia genuina — no declarada — a lo evitable. Si eso no es visible, la conclusión es simple: recordamos a los muertos. Pero no hemos aprendido de ellos.

Y mientras no distingamos entre las dos cosas, el riesgo no desaparece. Solo espera condiciones.

El Estado que no existe

Hay una ficción que circula con mucha comodidad en el debate público: que existe algo llamado mercado libre, y que el Estado llega después a perturbarlo.

La historia desmiente eso desde el principio.

No hay mercado sin tribunales que hagan cumplir contratos. Sin policías que protejan propiedad. Sin bancos centrales que eviten que la moneda se evapore. Sin infraestructura que alguien construyó antes de que llegara la inversión privada. El capitalismo más "liberal" de la historia ha necesitado siempre un andamiaje estatal enorme para funcionar. La diferencia nunca fue Estado sí o Estado no.

La pregunta real siempre fue otra: ¿a favor de quién interviene el Estado?

Porque rescatar bancos en quiebra es intervención estatal. Garantizar patentes durante veinte años es intervención estatal. Subvencionar la industria tecnológica o militar es intervención estatal. Abrir rutas comerciales con plata pública es intervención estatal. Solo que a eso no se le llama intervención. Se le llama estabilidad, seguridad jurídica, incentivos al crecimiento.

"Intervención" es la palabra que se reserva para cuando el Estado redistribuye hacia abajo.

Por eso el capitalismo produce resultados tan distintos según dónde se aplica. Las socialdemocracias nórdicas redistribuyen con fuerza pero mantienen mercados competitivos. China planifica sectores estratégicos mientras liberaliza otros. Estados Unidos predica el libre mercado mientras sostiene con subsidios masivos su industria tecnológica, su aparato militar y su sistema financiero.

Chile tiene su propia versión de esa fractura.

El Estado chileno ha sido extraordinariamente activo garantizando estabilidad macroeconómica y condiciones para el crecimiento. Mucho más tímido cuando se trata de distribuir seguridad social o proteger a las personas frente a la precariedad. Las reglas del juego han estado escritas con cierta consistencia — pero no para todos los jugadores por igual.

La reciente Resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toca ese punto incómodo. La CIDH sostiene que las políticas fiscales no son neutrales. Que el presupuesto público es también una expresión de prioridades morales y relaciones de poder. Que la economía no está separada de la dignidad.

Es una afirmación que parece obvia y que sin embargo incomoda profundamente a quienes han construido su argumento sobre la idea de que el mercado es una fuerza natural y el Estado una distorsión.

Cuando un Estado decide qué financiar, qué recortar, a quién gravar, qué sector proteger — no solo administra recursos. Define qué vidas tendrán colchón y cuáles absorberán los costos de las crisis.

Eso no es técnica. Es política.

Y la política siempre tiene nombre.