Hay una ficción que circula con mucha comodidad en el debate público: que existe algo llamado mercado libre, y que el Estado llega después a perturbarlo.
La historia desmiente eso desde el principio.
No hay mercado sin tribunales que hagan cumplir contratos. Sin policías que protejan propiedad. Sin bancos centrales que eviten que la moneda se evapore. Sin infraestructura que alguien construyó antes de que llegara la inversión privada. El capitalismo más "liberal" de la historia ha necesitado siempre un andamiaje estatal enorme para funcionar. La diferencia nunca fue Estado sí o Estado no.
La pregunta real siempre fue otra: ¿a favor de quién interviene el Estado?
Porque rescatar bancos en quiebra es intervención estatal. Garantizar patentes durante veinte años es intervención estatal. Subvencionar la industria tecnológica o militar es intervención estatal. Abrir rutas comerciales con plata pública es intervención estatal. Solo que a eso no se le llama intervención. Se le llama estabilidad, seguridad jurídica, incentivos al crecimiento.
"Intervención" es la palabra que se reserva para cuando el Estado redistribuye hacia abajo.
Por eso el capitalismo produce resultados tan distintos según dónde se aplica. Las socialdemocracias nórdicas redistribuyen con fuerza pero mantienen mercados competitivos. China planifica sectores estratégicos mientras liberaliza otros. Estados Unidos predica el libre mercado mientras sostiene con subsidios masivos su industria tecnológica, su aparato militar y su sistema financiero.
Chile tiene su propia versión de esa fractura.
El Estado chileno ha sido extraordinariamente activo garantizando estabilidad macroeconómica y condiciones para el crecimiento. Mucho más tímido cuando se trata de distribuir seguridad social o proteger a las personas frente a la precariedad. Las reglas del juego han estado escritas con cierta consistencia — pero no para todos los jugadores por igual.
La reciente Resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toca ese punto incómodo. La CIDH sostiene que las políticas fiscales no son neutrales. Que el presupuesto público es también una expresión de prioridades morales y relaciones de poder. Que la economía no está separada de la dignidad.
Es una afirmación que parece obvia y que sin embargo incomoda profundamente a quienes han construido su argumento sobre la idea de que el mercado es una fuerza natural y el Estado una distorsión.
Cuando un Estado decide qué financiar, qué recortar, a quién gravar, qué sector proteger — no solo administra recursos. Define qué vidas tendrán colchón y cuáles absorberán los costos de las crisis.
Eso no es técnica. Es política.
Y la política siempre tiene nombre.
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